Seis organizaciones prosaharauis presentaron hoy un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional contra el acuerdo de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que paralizó una denuncia administrativa de las asociaciones jurídicas y sociales por las exportaciones de armamento a Marruecos, con las que, según los denunciantes, el Gobierno viola la legislación española que impide entregar armas a un país que "viola los Derechos Humanos".
Según explicó a los medios uno de los abogados firmantes del recurso, Luis Mangrane, durante los últimos tres años España ha autorizado transferencias de armas a Marruecos por "más de 300 millones de euros", infringiendo así el artículo 8 de la ley 53/2007, que regula el comercio exterior de material de Defensa y de doble uso (aquél cuyo uso habitual es el civil pero que puede servir también para fines militares) e impide la transferencia de este tipo de productos a Marruecos.
"La ley es muy clara y los hechos los conocemos todos: todo el mundo sabe que Marruecos viola los Derechos Humanos, así lo acreditan informes del Alto Comisionadio de Naciones Unidas, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch y de organizaciones incluso marroquíes", afirmó Mangrane, quien lamentó que el Gobierno español haga "como la avestruz, escondiendo la cabeza frente a toda esta cantidad de pruebas y persistiendo en su política de vender armas".
En su opinión, esta política no se corresponde con la actitud de "neutralidad" que debería presidir la postura de España ante el conflicto saharaui, ya que se están vendiendo armas "a uno de los países que está en conflicto". Ahora, el objetivo de las seis asociaciones es que se reanude la denuncia y se revoque el acuerdo de la Secretaría de Estado de Comercio del pasado 29 de abril, por el que se paralizó la denuncia presentada ese mismo mes contra el Ministerio dirigido por Miguel Sebastián, y se consiga la paralización de las transferencias de armamento a Marruecos.
En su acuerdo, la Secretaría de Estado alega que estas asociaciones "carecen de la legitimación necesaria" para presentar la denuncia, al "carecer de la condición de interesados, en sentido técnico. Además, defiende que se han analizado los criterios que exige el citado artículo 8 de la ley en cada una de las solicitudes que se han presentado para transferir armas a Marruecos y sostiene que existe también un certificado de usuario final emitido por Marruecos por el que se garantiza que "el destino, usuario y uso finales del material exportado sean los autorizados por el Gobierno español".
MARRUECOS NO OFRECE "NINGUNA GARANTÍA"
Sin embargo, los firmantes no están de acuerdo con estos argumentos, ya que Marruecos "infringe todas las resoluciones de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad en cuanto al Sáhara Occidental", por lo que ese certificado no les ofrece "ninguna garantía" de que no se va a hacer un uso indeseado del armamento.
A partir de ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite del recurso. De aceptarlo, solicitará al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la remisión del correspondiente expediente administrativo y las asociaciones formalizarán la demanda propiamente dicha.
A la presentación del recurso de hoy, acudieron representantes de algunas de las asociaciones, así como algunas víctimas del conflicto saharaui. Entre ellas se encontraba el joven Ibrahim Husain Abait, que en abril de 2009 perdió una pierna tras la explosión de una mina antipersona, durante una marcha para pedir la destrucción del muro construido por Marruecos y que divide el Sáhara.
También estaba el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y abogado de la acción popular y la acusación particular en la querella por el presunto genocidio contra el pueblo del Sáhara Occidental, Manuel Ollé. Además de esta asociación, las denunciantes son la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, el Observatorio Aragonés para El Sahara Occidental y la Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos.
fuente : (EUROPA PRESS)